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El Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre PROYECTO EUROPA 2030 Retos y oportunidades refleja el trabajo de un grupo de personas diversas con prioridades e intereses distintos. Es el resultado de prolongados debates y discusiones y como tal supone tanto un consenso como una transacción. No todas las propuestas cuentan con el apoyo de cada miembro del Grupo, pero cada miembro apoya la mayoría de sus contenidos. Del informe se extraen los dilemas en que se mueve la Unión Europea pero se recomienda su lectura completa. (Al final de este texto aparece el enlace para descargar el informr completo).
Las incertidumbres en que nos movemos han hecho difícil la tarea. Por eso basamos el análisis en las tendencias relativamente más fiables.
Lo que vemos no es tranquilizador para la Unión y sus ciudadanos: crisis económica global; Estados al rescate de banqueros; envejecimiento demográfico que afecta a la competitividad y al estado del bienestar; competencia a la baja en costes y salarios; amenaza de cambio climático; dependencia de unas importaciones de energía cada vez más cara y escasa; o desplazamiento hacia Asia de la producción y el ahorro. Y todo ello sin contar con la amenaza del terrorismo, del crimen organizado o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿ Podrá la UE preservar y aumentar sus niveles de prosperidad en ese mundo que se perfila? ¿Será relevante para mantener sus valores y sus intereses?
Nuestra respuesta es positiva, si trabajamos juntos y desde ahora. Por separado no lo lograremos, porque los desafíos son demasiado grandes para enfrentarlos con éxito desde nuestros espacios nacionales. La Unión Europea podrá ser agente del cambio, y no soportarlo pasivamente. A esa conclusión ha llegado el Grupo, que se ha beneficiado de las opiniones expresadas por personas e instituciones muy cualificadas.
Todos los miembros coincidimos en algo fundamental: que los europeos nos encontramos en un punto crítico de nuestra historia. Que para superarlo tenemos que movilizar las energías de todos, en cada nivel de la sociedad –responsables políticos y ciudadanos, empresarios y trabajadores- en un renovado proyecto común.
Desde el momento del mandato ha habido acontecimientos importantes como la crisis institucional provocada por el rechazo del Tratado de Lisboa, ya superada, y la gravísima crisis financiera que arrastró una recesión global de la economía.
Resuelta la primera, nos permite superar un largo periodo de introspección que estaba distrayendo la atención de la Unión hacia asuntos de mayor envergadura para nuestro futuro.
La segunda, producida por un mal funcionamiento de las instituciones financieras y por la falta de controles adecuados, sigue todavía entre nosotros. La situación de la UE, y por tanto nuestras reflexiones, se han visto afectadas por la crisis y sus graves repercusiones sociales, económicas y políticas. En este momento crucial, la Unión Europea debe actuar con decisión, evitando repliegues proteccionistas.

Europa es la región más golpeada por una crisis que, aunque surgida al otro lado del Atlántico, ha puesto de relieve los problemas estructurales que venían detectándose desde hacía tiempo y que, de no enfrentarse ya, tendrán consecuencias dramáticas en el futuro.
La crisis aparece, pues, como el parte aguas en la historia de una nueva realidad mundial que se viene configurando hace más de dos décadas. Todo indica que habrá ganadores y perdedores en este cambio global, y si la Unión Europea no quiere estar entre estos últimos, como viene ocurriendo, tiene que reaccionar ya, definir estrategias de reformas para el horizonte de los próximos 20 años, aunar fuerzas, movilizar recursos y pasar a la acción. En definitiva, superar la introspección mirando hacia fuera, hacia la nueva realidad global.
Hay que avanzar, pues, en las respuestas contra la crisis y conectarlas con las reformas de medio y largo plazo que necesita la UE. Hablamos de la Unión porque somos interdependientes, compartiendo un Mercado Único, una moneda única y un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a los países del Euro.
Para salir de la crisis necesitamos mantener medidas anticíclicas, hasta que la economía despegue por si misma, porque la máxima prioridad sigue siendo crecer y crear empleo. La Unión tiene que actuar, porque algunos Estados miembros han sobrepasado sus márgenes de maniobra con las obligadas operaciones de rescate financiero, con los gastos sociales y la pérdida de ingresos. Si aquellas se cortan a destiempo podemos retroceder. Asimismo, los Estados que tienen margen de maniobra han de asumir mayor liderazgo.
Necesitamos desarrollar sin dilación la gobernanza económica que nos falta para evitar los choques asimétricos derivados de la coexistencia de una moneda única y un mercado interior con distintas políticas económicas. Ni el Euro ni el Pacto de Estabilidad y Crecimiento están en la base de los problemas surgidos, pero no son suficientes para garantizar la convergencia económica. La Unión debe resolver las divergencias existentes entre Estados miembros, vigilando y corrigiendo las pérdidas de competitividad que reflejan los desequilibrios en balanzas de pagos y por cuenta corriente. Los criterios de convergencia deben incluir estos elementos y tenemos que disponer de un instrumento de estabilidad monetaria para afrontar crisis imprevistas.
Urge la reforma del funcionamiento de las instituciones financieras y de sus mecanismos de vigilancia y control para evitar que estemos incubando ya la próxima crisis. Salvo para cortar créditos a la economía productiva, nada ha cambiado en el comportamiento de las entidades financieras que nos llevó a la crisis. Sería deseable que las reformas se operaran en el G.20, pero es imprescindible, hasta que se consiga, que la UE tenga sus propias normas regulatorias y sus mecanismos de control y vigilancia. Los ciudadanos no permitirán otra operación de rescate como la que se ha hecho.
Para el horizonte 2020-2030, los europeos necesitamos una economía social de mercado altamente competitiva y sostenible, si queremos mantener la cohesión social y luchar contra el cambio climático.
Esto exige un programa ambicioso, con prioridades y método eficiente de aplicación, que supere la inoperancia del  Método Abierto de Cooperación y comprometa tanto a la Unión como tal, como a sus Estados miembros. Asumimos que la Estrategia 2020 presentada por la Comisión forma parte de este gran esfuerzo a realizar por la Unión.
Así, debemos abordar las reformas estructurales pendientes desde la Agenda de Lisboa y cambiar el método de aplicación de la estrategia que se decida, mediante un sistema de estímulos que obligue a todos a cumplir los objetivos que se marquen por el Consejo Europeo y las Instituciones de la Unión.

Hay que mejorar el capital humano, como la variable estratégica clave para insertarse con éxito en la economía global. El retraso acumulado respecto de los competidores es grave y debemos recuperarlo coordinadamente: los Estados Miembros movilizarán los recursos que se comprometan en I+D+i, en un esfuerzo que implique al capital privado, y deberán reformar el sistema educativo en todos sus niveles, incluyendo la formación profesional; la Unión, por su lado, debe actuar con sus instrumentos presupuestarios propios revisados y apoyarse en el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. Se debe estudiar la conveniencia de un recurso nuevo como la imposición sobre el carbono.
Hay que poner en marcha una política común – interna y externa- en materia energética: con planes de ahorro y eficiencia en el consumo, del tipo de los previstos en la Estrategia Europa2020;  reforzando la capacidad de negociación de la Unión en su aprovisionamiento exterior; con la apertura de un debate serio sobre la necesidad de una energía nuclear segura; y con el estímulo permanente y ordenado al desarrollo de las energías alternativas.
Hay que mantener la vanguardia en la lucha contra el cambio climático: pero para ser más eficaces y relevantes a nivel mundial, hay que evitar lo ocurrido en Copenhague, pasando de posiciones comunes a una estrategia negociadora única que nos permita defender nuestros intereses ante los demás interlocutores con mayor eficacia.
Hay que enfrentar nuestro reto demográfico, que nos planteará problemas de competitividad y de sostenibilidad del estado de bienestar. Resulta imprescindible para competir en la economía global y mantener nuestra sanidad y nuestras pensiones. Es necesario incorporar a más mujeres a la población activa ocupada, haciendo compatible trabajo y natalidad; estimular la prolongación de la vida activa y considerar la jubilación como un derecho; y tratar la emigración conforme a nuestras necesidades demográficas y productivas.
Hay que reforzar el Mercado Único para protegerlo contra las tentaciones del nacionalismo económico y ampliarlo a los servicios, la sociedad digital y otros sectores, llamados a ser motores esenciales de crecimiento y empleo en un mercado de 500 millones de usuarios y consumidores. Este refuerzo y esta ampliación del Mercado Único deben acompañarse de una mayor coordinación fiscal.
Hay que reformar el mercado de trabajo y modernizar el funcionamiento de las empresas: la revolución tecnológica exige cambios para aprovechar toda su potencialidad. Algunos países de la UE han avanzado reformas exitosas en flexiseguridad que debemos analizar y adaptar a nuestras realidades. Tenemos que asegurar la empleabilidad de los trabajadores y la adaptabilidad de las empresas en una economía en cambio constante. La mejora de la productividad por hora de trabajo es imprescindible y debe estar vinculada a las rentas percibidas, tanto directas como indirectas.
Para encarar estos retos no hace falta modificar el Tratado. Nuestro Informe, de acuerdo con el mandato recibido, no distingue entre los diferentes niveles competenciales en el seno de la UE ni precisa en cuál de ellos deben adoptarse las decisiones. No importa tanto quién haga qué, como que efectivamente se haga lo que hay que hacer. Y que se haga sin dilación. Con ello queremos decir que es urgente evaluar las prioridades presupuestarias y su suficiencia, sumando lo que destina la UE a políticas comunes y lo que se asigne por parte de los Estados Miembros al cumplimiento real de las prioridades que se acuerden. Objetivos ambiciosos, como los que necesitamos, con medios escasos como los disponibles y sin método exigente de aplicación, conducen a la frustración de las expectativas.

Para alcanzar todos estos objetivos el Consejo Europeo y el Eurogrupo tienen que reforzar su papel de liderazgo para conseguir las metas propuestas, en coordinación con la Comisión y en sintonía con el Parlamento Europeo.
Al tiempo que ponemos en marcha estas reformas, decisivas para nuestro futuro económico, tecnológico, social y medioambiental, tenemos que aprovechar a fondo todas las posibilidades del Tratado de Lisboa para desarrollar una política eficiente de aproximación a la ciudadanía; una política de seguridad interior y exterior; unas relaciones más sólidas con nuestros vecinos y una proyección exterior más clara y relevante para nuestros intereses.
El proyecto europeo ha de ser sobre todo el proyecto de los ciudadanos. Éstos tienen claro, a veces más que sus líderes, que a la UE y a cada uno de sus países les conviene ganar relevancia y eficacia hablando con una sola voz identificable con los intereses comunes en todas las materias que les afectan.
Los ciudadanos quieren que haya más coordinación en la lucha contra la criminalidad organizada y contra el terrorismo, porque saben que eso es más eficaz en nuestro espacio sin fronteras interiores y de libre circulación de personas.
Los ciudadanos ven que nuestro futuro de bienestar, desarrollo y seguridad está ligado al de nuestros vecinos, con los que debemos desarrollar una relación especial de cooperación que responda a los intereses que compartimos.
Los ciudadanos saben que nuestra política exterior ganará en peso relativo y en eficacia si somos capaces de presentarnos como un bloque en defensa de nuestros intereses y valores y no en orden disperso de protagonismos de épocas ya pasadas.
Los ciudadanos quieren que la Unión Europea esté a su servicio y por eso esperan que sus derechos como tales los acompañen en todo el espacio de la Unión (portabilidad), en su dimensión social, civil, familiar o laboral. Solo así sentirán próximas a las Instituciones y se sentirán representados.
Necesitamos, pues, aunar fuerzas en torno a la Unión, a través de acuerdos entre las Instituciones y los interlocutores económicos y sociales; y entre los diferentes niveles de poder –nacionales, regionales y locales- que configuran nuestra realidad. Hace falta, sobre todo, un liderazgo claro y resuelto, con una sostenida capacidad de diálogo con la ciudadanía. El apoyo de ésta es básico en una situación de emergencia, como la presente, tanto por la dureza de la crisis y sus efectos en nuestra realidad social y económica, como por los cambios estructurales que debemos realizar para
enfrentarlos y configurar el futuro que deseamos.
Los ciudadanos solo van a entender, abrumados por la crisis que no provocaron, que se les digan estas verdades con claridad y que se les llame a compartir un esfuerzo de superación comparable al que levantó a la Europa libre después de la segunda guerra.

El informe completo se puede descargar desde:

PROYECTO EUROPA 2030: Retos y oportunidades – Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión

Los miembros del grupo de reflexión son los siguientes:
Felipe González Márquez, Presidente
Vaira Vīķe-Freiberga, Vicepresidenta
Jorma Ollila, Vicepresidente
Lykke Friis (hasta noviembre de 2009)
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Kalypso Nicolaïdis
Nicole Notat
Wolfgang Schuster
Lech Wałęsa

Riesgo sistémico y rediseño de la regulación financiera es una parte del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR) del FMI (Fondo Monetario Internacional) de abril de 2010 que ha sido preparado por Marco Espinosa, Andy Jobst, Charles Kahn, Kazuhiro Masaki y Juan Sole.

La crisis financiera reciente obligó a reflexionar sobre la supervisión y la regulación de las interconexiones sistémicas; es decir, la idea de que los problemas de una institución financiera afectarán negativamente a las demás. Aunque se desató una ola de propuestas de reforma regulatoria, existe una incertidumbre considerable en torno a su aplicación en la práctica. Por lo tanto, este capítulo pretende hacer dos aportes al debate sobre la regulación basada en el riesgo sistémico. Examina formalmente si, por sí mismo, un mandato para supervisar explícitamente el riesgo sistémico, tal como lo contemplan algunas propuestas recientes en Estados Unidos, el Reino Unido y la zona del euro, tiene probabilidades de lograr mitigarlo. Asimismo, propone una metodología para calcular y uniformar un recargo de capital basado en el riesgo sistémico.
Arquitectura regulatoria
El capítulo argumenta que un ingrediente importante ausente en las reformas que obligan a los reguladores a examinar los riesgos financieros sistémicos es el análisis de los incentivos de los propios reguladores. Esto incluye la “tolerancia regulatoria” —o sea, el incentivo de un regulador para mantener a flote una institución cuando en realidad debería desmantelarla—, que probablemente varíe de acuerdo con la diferente distribución de las funciones regulatorias.
El capítulo muestra que añadir un mandato de vigilancia del riesgo sistémico al conjunto de medidas regulatorias, sin brindar las herramientas necesarias, no altera los incentivos básicos del regulador que constituyen el núcleo de algunas de las deficiencias regulatorias observadas recientemente. Los reguladores a menudo tienen un incentivo para mantener una institución a flote, aun cuando es insolvente, ya que experimentan un fuerte rechazo a clausurar las instituciones que vigilan, sobre todo porque algunas podrían llegar a recuperarse si tuvieran suficiente tiempo. Por lo tanto, ante la falta de métodos concretos para limitar la importancia sistémica de una institución —independientemente de cómo estén distribuidas las funciones regulatorias—, es posible que los reguladores tiendan a ser más tolerantes con las instituciones sistémicamente importantes que con las demás, ya que su impacto sería más perjudicial.
Por esa razón, es necesario evaluar métodos más directos para controlar el riesgo sistémico; por ejemplo, aplicando recargos de capital basados en el riesgo sistémico, imponiendo cargos acordes con la contribución de una institución al riesgo sistémico, o incluso quizá limitando el tamaño de ciertas actividades comerciales.
Recargos basados en el riesgo sistémico
Si bien no se recomienda necesariamente la introducción de recargos de capital basados en el riesgo sistémico, el capítulo presenta una metodología para calcularlos. La metodología parte de la idea de que estos recargos deben ser proporcionales a la interconexión sistémica de las instituciones financieras. El capítulo presenta dos enfoques para implementarla:
Enfoque estandarizado. Los reguladores asignan una calificación por riesgo sistémico a cada institución, basada en su importancia sistémica relativa, y luego calculan el recargo de capital según la calificación.
Enfoque de presupuestación del riesgo. Este método está inspirado en los principios del control del riesgo crediticio y determina los recargos de capital en relación con la contribución adicional de una institución al riesgo sistémico y las probabilidades que tiene de verse en problemas.
La metodología presenta también una manera de eliminar la prociclicidad potencial de los recargos —es decir, la propensión a subir durante una desaceleración y bajar durante una expansión—, un atributo contraproducente asociado a la mayoría de los recargos de capital basados en el riesgo.
Asimismo, el capítulo muestra la importancia de tener en cuenta las vinculaciones transfronterizas entre las instituciones que influirían en esos recargos, lo cual requeriría que los supervisores de diferentes países colaboraran en su estructuración.

La síntesis de este tranbajo es la siguiente:

La crisis reciente desató una oleada de propuestas de reforma regulatoria para lidiar con los riesgos sistémicos, es decir, la posibilidad de que los problemas de una institución perjudiquen a las demás. Sin embargo, muchas de estas propuestas aún no se han completado.
El capítulo examina dos de ellas: un mandato para que los reguladores vigilen explícitamente los riesgos sistémicos y la introducción de recargos de capital basados en el riesgo sistémico en proporción con su contribución a ese riesgo.
En el capítulo se argumenta que no basta con establecer un mandato para que los reguladores “vigilen” las conexiones sistémicas, sino que se necesitarían también mejores herramientas para luchar contra los riesgos sistémicos. De hecho, sin ellas, los reguladores tenderán a ser más tolerantes con las instituciones sistémicas en problemas que con las demás.
Si bien no avala necesariamente la introducción de recargos de capital basados en el riesgo sistémico, este capítulo ilustra una metodología práctica para calcularlos, en caso de que se recurriera a esa medida.
El capítulo muestra también la importancia de tener en cuenta las vinculaciones transfronterizas de las instituciones, lo cual requiere la colaboración entre los supervisores de diferentes países para estructurar los recargos.

El informe completo se puede encontrar en:

Global Financial Stability Report

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